El 28 de abril, España vivió el mayor apagón en una economía desarrollada en tiempos recientes. Más de 18 millones de personas quedaron sin suministro eléctrico durante horas.
Lo que inicialmente se presentó como una “anomalía técnica puntual” en la red eléctrica ha desatado una tormenta política y técnica que sigue creciendo. Las explicaciones oficiales ofrecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y Red Eléctrica no solo han sido calificadas de insuficientes, sino también de contradictorias e incluso absurdas desde el punto de vista técnico. La falta de transparencia ha deteriorado la confianza pública y alimentado sospechas sobre un posible encubrimiento.
El detonante del escándalo fueron las informaciones filtradas desde Bruselas, que apuntan a que el sistema estaba siendo sometido a un test de resistencia centrado en la integración de energías renovables justo antes del colapso. Este experimento se habría realizado como parte de los preparativos para el cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de 2027. Sin embargo, la red eléctrica española aún no estaría preparada para una transición tan acelerada sin una inversión equivalente en infraestructura y tecnología.
Las comparaciones con Chernóbil no se han hecho esperar. Como ocurrió en la catástrofe soviética de 1986, una prueba mal diseñada y ejecutada podría haber causado un fallo en cascada. Aunque no se trata de una tragedia humana, la magnitud del error y su posible encubrimiento podrían tener consecuencias políticas devastadoras para el PSOE.
Red Eléctrica, controlada parcialmente por el Estado a través de una «acción de oro», está en el ojo del huracán. La presidenta del operador eléctrico, designada por el propio Gobierno, carece de experiencia técnica en el sector y ha sido duramente criticada por su gestión. Su salario, seis veces superior al del presidente del Gobierno, ha añadido indignación a la crisis.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), que agrupa a gigantes como Endesa, Iberdrola o Schneider Electric, ha criticado duramente el enfoque de la investigación oficial. Según su comunicado, el apagón no fue causado por una caída súbita en la generación, sino por una serie de oscilaciones de tensión mal gestionadas por la red, que desembocaron en apagados automáticos de emergencia.
Estas oscilaciones de más de 250 kV —muy por encima del estándar de 220 kV— habían sido detectadas horas antes del colapso. Sin embargo, los organismos responsables no actuaron con la urgencia necesaria. AELEC acusa al Gobierno de ignorar esta información clave y de intentar responsabilizar injustamente a las energías renovables.
Las empresas solares del sur de España también han levantado la voz. José Donoso, presidente de UNEF, denuncia que los parques fotovoltaicos funcionaban con normalidad y que fueron desconectados sin explicación. “Nos han tratado como culpables cuando fuimos víctimas”, afirma.
En paralelo, el análisis técnico pone en duda el relato oficial. La caída supuestamente causante del apagón —2,2 GW— está muy por debajo de los 3 GW que el sistema está diseñado para soportar sin colapsar. Expertos de firmas como Morningstar y Rethink Energy coinciden en un diagnóstico preocupante: España ha invertido masivamente en renovables sin modernizar su red con la misma intensidad.
Los datos lo corroboran. Según Bank of America, España ha destinado solo 0,35 euros en redes por cada euro invertido en renovables, frente al 0,8 de Alemania o Reino Unido. Esta descompensación ha generado una red vulnerable y mal preparada para gestionar una generación descentralizada e intermitente.
Mientras tanto, el Gobierno evita hablar de la extensión de vida de las centrales nucleares, a pesar de que el Foro Nuclear asegura que los siete reactores actuales podrían funcionar hasta los 60 años. Ignorar esta posibilidad ha sido interpretado como una decisión ideológica más que técnica.
El apagón, lejos de ser un simple incidente, se ha convertido en un campo de batalla ideológico. Los críticos de las políticas verdes lo utilizan como prueba de los peligros de una descarbonización acelerada. Sin embargo, el problema no es la renovabilidad de la energía, sino la falta de planificación y equilibrio en la transición.
